Uno de los objetivos prioritarios del Plan Director de la Inspección de Trabajo aprobado recientemente por el Gobierno serán las llamadas “empresas buzón” que operan en el transporte de mercancías por carretera, junto con el control de las falsas cooperativas de trabajo asociado y los falsos autónomos.
En uno de los últimos Consejos de Ministros antes de tomarse vacaciones el Gobierno aprobó las directrices del Plan Director de la Inspección de Trabajo para el periodo 2018-2020, cuyo objetivo es mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo en España a través de la puesta en marcha de un paquete de medidas contra el fraude, la precariedad laboral y el trabajo ilegal.
Una de las actuaciones prioritarias contempladas en el citado Plan Director tiene a las “empresas buzón” en su punto de mira, circunstancia que tiene una incidencia especialmente preocupante en el transporte de mercancías por carretera, un sector donde la deslocalización de empresas ha provocado que los camiones con matrículas rumanas o búlgaras tengan una presencia muy importante en el transporte de nuestro país.
Los responsables de la Inspección de Trabajo no tienen dudas de que la finalidad de las “empresas buzón” no es otra que abaratar costes salariales, fiscales y de Seguridad Social, ejerciendo con ello una competencia desleal y provocando una precarización de las condiciones laborales y sociales de los trabajadores supuestamente desplazados en el ámbito de la Unión Europea.
En colaboración con la Agencia Tributaria, la Inspección de Transportes y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se pondrá el objetivo en las actividades de las “empresas buzón”. Para optimizar su labor el Ministerio de Trabajo facilitará a los inspectores una formación específica en materia de transporte por carretera y una Guía Básica con todos los aspectos normativos, documentación, etc, que deben ser motivo de control durante las inspecciones.
Por otro lado, el Gobierno también quiere acabar con las cooperativas de trabajo asociado que operan en el sector de forma irregular y por extensión con aquellos socios que actúan como falsos autónomos. En estos momentos, tanto a la cooperativa como a cada socio, las sanciones previstas son de 4.001 euros por cada servicio de transporte realizado de forma irregular, unas multas que en algunos casos han llegado a sumar hasta 100.000 euros.
Además, la Inspección de Trabajo iniciará en septiembre una campaña de inspecciones a las cooperativas promovidas por operadores logísticos y grandes flotas y que en muchos casos son fórmulas creadas para conseguir de forma fraudulenta mano de obra barata.
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