El Congreso de los Diputados pide la liberalización de la autopista AP-1

Una Proposición No de Ley de la Comisión de Fomento promueve que el gobierno no extienda más allá de noviembre de 2018 la concesión de la AP-1 entre Burgos y Miranda de Ebro, fecha a partir de la cual esta infraestructura pasaría a ser pública y gratuita. Por su parte Fomento quiere firmar un acuerdo con la Junta de Castilla y León para derivar el tráfico pesado a la AP-1.

 Camiones circulando por carretera AP-1

Con treinta y cinco votos a favor y tan sólo una abstención la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados ha aprobado una Proposición No de Ley que promueve la liberalización de la autopista AP-1 entre Burgos y Miranda de Ebro.

Esta iniciativa parlamentaria persigue que el gobierno no prorrogue la concesión de la autopista de peaje AP-1 una vez que finalice su vigencia en noviembre de 2018 y que entre tanto se lleven a cabo las acciones necesarias para que a partir del 1 de diciembre el tráfico para todos los vehículos sea gratuito.

Esta Proposición No de Ley se produce dos semanas después de que el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, abriese la puerta al posible desvío de camiones pesados de la N-1 hacia la AP-1 con el objetivo de reducir la siniestralidad en un tramo que es recorrido a diario por cientos de vehículos de transporte y que por ello se ha convertido en uno de los más peligrosos y con mayor número de víctimas.

Los partidos con presencia en el Congreso de los Diputados también instan a Fomento a que realice un cálculo de los vehículos que transitarán por las AP-1 y N-1 a partir de diciembre de 2018, al tiempo que se pide abrir negociaciones con la Junta de Castilla y León con el objetivo de establecer un convenio que permita derivar cuando antes el tráfico de camiones pesados a la autopista de peaje hasta su liberalización, unas negociaciones que según Fomento ya han comenzado.

En este escenario Unidos Podemos apoya que la futura derivación de camiones sea subvencionada con fondos públicos, de forma que los transportistas no vean incrementados sus costes por una medida de este tipo, mientras que Ciudadanos defiende la necesidad de que en nuestro país se abra el debate sobre el pago por uso de infraestructuras (euroviñeta).

En noviembre de 2018 concluirá la cuarta prórroga otorgada a la empresa concesionaria de la AP-1 durante el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, de forma que si no se produce la ampliación la empresa Europistas (grupo Itinere) habrá explotado esta autopista durante un total de cuarenta y cuatro años, muy por encima de los veinte concedidos inicialmente.

 

El Congreso de los Diputados pide la liberalización de la autopista AP-1

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